12565/86

Sentencia 12565/86   CASO OERLEMANS CONTRA LOS PAÍSES BAJOS    Artículo 6.1 (Derecho a la tutela judicial efectiva) Sentencia de 27 de noviembre de 1991    Mediante fallo dictado en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1991 y recaído en el caso Oerlemans contra Holanda, que se refiere a si el actor podía o no impugnar ante un tribunal la legalidad de un fallo que calificaba sus terrenos como paraje natural protegido, el Tribunal estimó por unanimidad que no hubo infracción del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos .        1. HECHOS    Ciudadano holandés, D. Johannes Oerlemans es granjero. Mediante orden del 20 de septiembre de 1982 el ministro de Cultura, Ocio y Obras Públicas, actuando en virtud de la Ley de 1967 sobre protección de la naturaleza, calificó como paraje natural protegido una gran parte de la zona conocida con el nombre de «Markiezaatsmeer», incluida cierta parcela uno de cuyos copropietarios era el actor. La orden preveía que la explotación agrícola de las tierras situadas en la zona podía proseguir normalmente, si bien ciertas actividades requerirían una autorización. En octubre de 1982, el interesado, cuyas objeciones a la calificación prevista habían sido anteriormente examinadas por las autoridades competentes, impugnó la medida ante la Corona fundándose sobre todo en los efectos de aquélla sobre la utilización a que podía dedicar su propiedad. La Corona -es decir, la Reina y el ministro responsable- desestimó la impugnación el 14 de marzo de 1986; no encontraba ningún motivo para censurar el acto en cuestión dada la innegable importancia del interés general perseguido. Con arreglo al Derecho vigente en ese momento, había oído previamente la opinión de la sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, que había examinado el caso el 8 ce noviembre de 1985.        2. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS    El actor dirigió su recurso a la Comisión el 21 de noviembre de 1986. El 10 de julio de 1989 ésta declaró admisible la queja derivada del artículo 6.1.    Después de intentar en vano obtener un acuerdo amistoso, aprobó el 3 de abril un informe en el que se establecían los hechos de la causa y se formulaba la opinión de que hubo infracción del artículo 6.1 (quince votos contra dos).    La Comisión trasladó el caso al Tribunal el 7 de julio de 1990.        3. RESUMEN DE LA SENTENCIA    I. Aplicabilidad del artículo 6.1    1. Existencia de una oposición    La legalidad de la orden de calificación fue controvertida. Asimismo, tuvo como consecuencia jurídica privar al Sr. Oerlemans de la libertad de cultivar a su guisa su propiedad y obligarle a solicitar una autorización del ministro para diversos fines, en especial para adoptar un modo de explotación distinto o más intensivo o para llevar a cabo determinadas actividades agrícolas. La amplitud de las restricciones así padecidas por el actor deriva de sus complicaciones posteriores con el Ministro. Por lo tanto, hubo una oposición seria a las limitaciones impuestas a la utilización de su propiedad por parte del actor.    2. Naturaleza «civil» del derecho objeto de litigio    Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal, el derecho de propiedad en cuestión revestía naturaleza «civil» en el sentido del artículo 6.1.    El citado texto es, pues, aplicable al caso.    II. Observancia del artículo 6.1    El Tribunal estima que en Derecho holandés está claramente establecido por una abundante jurisprudencia anterior al presente caso, que si se considera que un recurso jerárquico no ofrece suficientes garantías acerca de la equidad del procedimiento, cabe solicitar al juez civil un control completo de la legalidad de la decisión administrativa; poco importa que la impugnación corresponda al Derecho público. Después del fallo Benthem, numerosos expertos en Derecho holandés han considerado que las jurisdicciones civiles son competentes para examinar la legalidad de cualquier decisión administrativa que recaiga en el ámbito del artículo 6 y sea susceptible de recurso ante la Corona. Previamente, diversos autores habían expresado, por lo demás, la misma opinión. El Tribunal de casación suscribió esa concepción de la competencia de las jurisdicciones civiles mediante una resolución de 12 de diciembre de 1986; confirmó la regla por medio de diversos fallos posteriores. Por lo tanto, con arreglo a unos principios de Derecho holandés bien establecidos en la época de la real orden objeto del presente caso, el actor habría podido someter sus quejas a los tribunales civiles. Por consiguiente, no hubo infracción del artículo 6.1 (unanimidad).