13867/88

Sentencia 13867/88   CASO BRINCAT CONTRA ITALIA    Artículo 5.3 (Detención preventiva. Autoridad incompetente para acordar la detención) Sentencia de 26 de noviembre de 1992    Mediante fallo dictado en Estrasburgo el 26 de noviembre de 1992 y recaído en el caso Bricat contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró por unanimidad que hubo infracción del artículo 5, § 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no haber sido conducido el actor después de su arresto ante un juez u otro magistrado habilitado por la ley para ejercer funciones judiciales. El Tribunal concedió al interesado, por otra parte, una satisfacción equitativa en virtud del artículo 50 del Convenio.        1. HECHOS    El actor, don Joseph Bricat, es abogado y miembro del Parlamento maltés y de la Asamblea del Consejo de Europa.    Un cliente del actor, el señor S., fue víctima en Italia de un grave accidente de carretera el 19 de noviembre de 1987 y la compañía de seguros encargó al señor Bricat un informe. El 5 de diciembre se personó con la esposa de su cliente en el lugar donde se encontraba depositado el vehículo; al intentar la señora S. recuperar unos objetos ocultos en el depósito de gasolina, el propietario del local llamó a la policía, que descubrió objetos y billetes de banco, uno de los cuales provenía del rescate pagado por un secuestro.    Conducidos a la comisaría, el señor Bricat y la señora S. fueron detenidos ese mismo día, y a la mañana siguiente trasladados a la prisión de Lagonegro (Potenza). El 7 de diciembre el sustituto del Fiscal de la citada ciudad interrogó al actor, asistido por dos abogados, y resolvió mantenerlo en situación de arresto. El señor Bricat impugnó esa decisión, pero mientras tanto el Magistrado se había declarado incompetente y transmitido por correo el expediente al Fiscal de Paola (Cosenza), que lo recibió el 18 de diciembre. Este último expidió ese mismo día una orden de arresto y ordenó el traslado del inculpado a Cosenza. A la mañana siguiente el señor Bricat impugnó la orden ante el Tribunal de la ciudad invocando, entre otros, el artículo 5,    954 §§ 3 y 4, del Convenio. El 28 de diciembre esa jurisdicción anuló la citada orden y ordenó la inmediata puesta en libertad del señor Bricat en ausencia de indicios suficientes.        2. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS    El recurso fue sometido a la Comisión el 8 de enero de 1988 y ésta lo admitió parcialmente el 13 de julio de 1990.    Después de intentar en vano obtener un acuerdo amistoso, la Comisión aprobó un informe, el 28 de mayo de 1991, en el que se establecían los hechos y se formulaba por unanimidad la opinión de que hubo infracción del artículo 5.3, del Convenio.    La Comisión trasladó el caso al Tribunal el 12 de julio de 1991.        3. RESUMEN DE LA SENTENCIA    I. Objeto del litigio    El Tribunal observa que las quejas planteadas ante él por el actor en virtud de los artículos 3 y 5, § 4, del Convenio exceden el marco del caso tal como había sido delimitado por la decisión de la Comisión sobre su admisibilidad.    II. Artículo 5.3    Según el actor, el sustituto del Fiscal de Lagonegro, que le interrogó y decidió su mantenimiento en situación de detención dos días después de su arresto, no era «magistrado» en el sentido del artículo 5, § 3. El Tribunal observa que, no obstante, no discute su independencia del ejecutivo ni pretende que haya actuado con prevención; sólo se cuestiona su imparcialidad objetiva.    Según la jurisprudencia del Tribunal, la imparcialidad de un magistrado competente para resolver sobre las detenciones puede inspirar a los justiciables dudas legítimas cuando puede intervenir en el procedimiento posterior en calidad de parte acusadora.    El Tribunal no estima que deba apartarse de esa jurisprudencia a pesar de la invitación del Gobierno para que así lo haga.    Precisa que sólo deben tenerse en cuenta las apariencias objetivas que existían en la fecha de la decisión sobre la detención. Ahora bien, en ese momento el sustituto del Fiscal podía intervenir en una etapa posterior como autoridad acusadora; poco importa el posterior descubrimiento de su incompetencia territorial.    Por los mismos motivos, el Tribunal estima que el Fiscal de Paola, competente en el caso concreto, tampoco cumplía las condiciones que exige el artículo 5.3, y además no oyó al actor «inmediatamente».    Por consiguiente, hubo infracción del citado artículo.    III. Artículo 50    El Tribunal rechaza las demandas del actor por lucro cesante a falta de nexo causal con la infracción comprobada, pero le asigna en equidad 1.000 liras maltesas por perjuicios morales.    Asimismo, admite parcialmente su demanda de reembolso de las costas y gastos soportados ante la jurisdicción italiana (gastos de viaje de un pariente y gastos y honorarios de un abogado maltés), por un total de 821 liras maltesas con 43.    En lo que concierne a los procedimientos ante los órganos del Convenio, el Tribunal ordena el reembolso de los gastos de desplazamiento del interesado (400 libras), pero se niega a concederle una indemnización por el trabajo por él realizado para preparar la defensa de su pleito.