14327/88

Sentencia 14327/88   CASO SIBSON CONTRA REINO UNIDO    Artículo 11 (Libertad de asociación. Libertad de no afiliación a un sindicato) Sentencia de 20 de abril de 1993    Mediante fallo dictado en Estrasburgo el 20 de abril de 1993 y recaído en el caso Sibson contra el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró por siete votos contra dos que la coerción ejercida sobre el actor para que se afiliara a un sindicato determinado o fuera trasladado a otro lugar de trabajo no infringió el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos .    El fallo fue leído en audiencia pública por el Presidente del Tribunal, don Rolv Ryssdal.        1. HECHOS    Desde noviembre de 1973, el señor Sibson, nacido en 1929, trabajó para Courtaulds Northern Spinning Ltd. en calidad de conductor de camiones. Estaba destinado en Greengate, en el Lancashire, donde la sociedad posee un almacén. Sus condiciones de trabajo establecían que podía no afiliarse a ningún sindicato y, en la época de que se trata, no había vigente en aquel almacén ningún acuerdo de closed shop (afiliación sindical obligatoria).    En julio de 1985, la comisión de lo contencioso de la sección local de la Transport and General Workers Union (TGWU) desechó una queja del interesado relacionada con una acusación de desvío de fondos sindicales presentada por otro conductor, el señor D. Disgustado por esa decisión, cesó en su afiliación al citado sindicato y se adhirió a la «United Road Transport Union». Determinados conductores basados en Greengate lo pusieron entonces en cuarentena y otros le estorbaron en la realización de su labor.    Courtaulds intentó sin éxito suavizar la disputa. En octubre de 1985 los miembros de la TGWU que trabajaban en Greengate amenazaron con organizar una huelga si el actor no solicitaba su reafiliación o no era trasladado a otro lugar. El 8 de noviembre, con ocasión de la última de una serie de reuniones, el interesado se negó a unirse al sindicato porque no quería aceptar como disculpa una declaración que iba a firmar el señor D. Declinó asimismo la propuesta de Courtaulds, a saber, ser trasladado al almacén de Chadderton, a unos dos kilómetros de distancia. Si bien el director de personal le había asegurado que ese no sería el caso, él estimaba efectivamente que las condiciones en Chadderton serían menos ventajosas y le acarrearían una disminución de ingresos. Ese mismo día, el actor, a quien sus patronos habían manifestado que sería reenviado a su casa sin ser pagado si se presentaba en Greengate para trabajar, presentó su dimisión.    El 21 de julio de 1986 la Magistratura de trabajo acogió una denuncia del actor según la cual había sido objeto de un despido «virtual» que era improcedente; estimó que la propuesta de traslado no era razonable porque no se basaba en verdaderos motivos de explotación y que el único origen del despido era el ejercicio por el interesado de su derecho a no pertenecer a un sindicato. En apelación de Courtaulds, la Magistratura de trabajo confirmó la resolución el 16 de enero de 1987.    Courtaulds sometió entonces el caso a la Court of Appeal, el cual el 25 de marzo de 1988 juzgó que no se había producido un despido virtual y que era necesario considerar que el actor había dimitido; al exigir que cambiara de almacén, Courtaulds había actuado dentro de los márgenes de sus derechos, pues el contrato incluía una cláusula implícita con arreglo a la cual, con independencia de la existencia o no de verdaderos motivos de explotación, podía invitarse al interesado a trabajar en cualquier lugar desde el que pudiera retornar cada día a su domicilio sin demasiados esfuerzos. El 19 de agosto de 1988, al actor le fue denegado el beneficio de justicia gratuita para recurrir ante la Cámara de los Lores debido a que, según su letrado, no había ninguna posibilidad de éxito.        2. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS    El 9 de abril de 1991 la Comisión admitió el recurso que el señor Sibson le había presentado el 17 de octubre de 1988.    Después de intentar en vano obtener un acuerdo amistoso, la Comisión aprobó el 10 de diciembre de 1991 un informe en el que se establecían los hechos y se formulaba por ocho votos contra seis la opinión de que no hubo infracción del artículo 11 del Convenio.    La Comisión trasladó el caso al Tribunal el 21 de febrero de 1992.        3. RESUMEN DE LA SENTENCIA    I. Excepciones preliminares del Gobierno    El Gobierno afirma por dos motivos que el señor Sibson no agotó las vías de recurso internas tal como exige el artículo 26 del Convenio, y que, por consiguiente, su recurso no es admisible.    En primer lugar, el señor Sibson no habría alegado en el procedimiento interno que sus condiciones de empleo fueran a ser menos ventajosas en Chadderton que en Greengate; el Gobierno mantiene que si se hubiera estimado que esa alegación estaba bien fundada, sin duda alguna habría influido considerablemente en la decisión de los Tribunales internos.    En segundo lugar, el interesado no habría pretendido en Inglaterra, subsidiariamente a su alegación de despido improcedente, haber sufrido una «medida poco menos que equivalente a un despido»; con ello habría decidido renunciar a todo derecho de reparación en el caso de que el Tribunal nacional hubiera concluido que no hubo despido.    El Tribunal observa que este litigio no se refiere a ninguna injerencia directa del Estado. Sin embargo, si las circunstancias que denuncia el Sr. Sibson hubieran desconocido en su caso los derechos que garantiza el artículo 11 del Convenio, la responsabilidad del Reino Unido se vería comprometida en la hipótesis de que la infracción derivase del incumplimiento por parte de éste de la obligación de garantizar los derechos del interesado en su legislación interna. En opinión del Tribunal, las dos excepciones preliminares del Gobierno plantean cuestiones estrechamente ligadas a las que él debería examinar si llegara a hacerse necesario estatuir sobre la existencia de tal incumplimiento. Por consiguiente, las une al fondo.    II. Artículo 11 del Convenio    Según el Tribunal, las circunstancias del caso hacen distinguible del asunto Young, James y Webster (fallo del 13 de agosto de 1981, serie A, núm. 44). Observa, en primer lugar, que el señor Sibson no invocó convicciones precisas en cuestiones de afiliación sindical para negarse a inscribirse en la TGWU (por lo demás, se adhirió a otro sindicato). Es evidente que habría vuelto a unirse a él si hubiera recibido excusas en una forma aceptable para él y que, por consiguiente, no procede examinar también su caso desde la perspectiva de los artículos 9 y 10 del Convenio. Asimismo, en el caso concreto no existía ningún acuerdo de closed shop. Sobre todo, y al contrario que en el caso de los actores en el caso Young, James y Webster, el señor Sibson no se encontraba ante una amenaza de despido que implicara la pérdida de sus medios de existencia: podía ir a trabajar al vecino almacén de Chadderton, al que sus patronos tenían derecho contractual a transferirlo; éstos no subordinaron su oferta a su reinscripción en la TGWU; y no parece que sus condiciones de trabajo fueran a ser mucho menos ventajosas que en Greengate.    980    Estos factores diversos han llevado al Tribunal a concluir que el señor Sibson no padeció un tipo de trato que afectase a la esencia misma de la libertad de asociación que consagra el artículo 11. Por consiguiente, no hubo infracción de este texto; no se impone, pues, pronunciarse sobre las excepciones preliminares del Gobierno.