24436/94;24582/94;24583/94;24584/94;24895/94;25937/94;25939/94;25940/94;25941/94;26271/95;26525/95;27341/95;27342/95;27346/95;27357/95;27389/95;27409/95;27760/95;27762/95;27772/95;28009/95;28790/95;30236/96;30239/96;30276/96;30277/96;30460/96;30461/96;30462/96;31434/96;31899/96;32024/96;31399/96;31400/96;32944/96

Sentencia   CASO CABLE Y OTROS CONTRA REINO UNIDO    Artículo 6.1 (Derecho a un proceso equitativo) Sentencia de 18 de febrero de 1999    Por sentencia dictada en Estrasburgo, el 18 de febrero de 1999, en el caso arriba mencionado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que se produjo violación del artículo 6, párrafo 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos . En aplicación del artículo 41 del Convenio, el Tribunal concede a los solicitantes una suma total de 40.000 libras esterlinas en concepto de gastos y costas, menos las sumas percibidas del Consejo de Europa a titulo de ayuda judicial gratuita (19.200 francos franceses).        1. HECHOS    En el origen de estos casos se encuentran treinta y cinco demandas individuales, presentadas por ciudadanos británicos. Veinticuatro de ellos servían en el ejército del aire y otros once en el ejército de tierra.    Los solicitantes fueron acusados todos de una o varias infracciones del derecho penal común o de las reglas disciplinarias de las fuerzas armadas, y más tarde juzgados y condenados por una corte marcial, en virtud de la Ley de 1955 sobre el Ejército del Aire ( Air Force Act ) o de la Ley de 1955 sobre el Ejército de Tierra ( Army Act ).    En el núcleo de las disposiciones que establecen las citadas Leyes de 1955 se encontraba el «oficial convocante» ( convening officer ) que era, particularmente, el encargado de convocar la corte marcial y de nombrar a sus miembros, así como al oficial que debía actuar como fiscal. Era él quien debía decidir sobre la naturaleza y el detalle de las acusaciones y, cuando el acusado solicitara el beneficio de circunstancias atenuantes, su solicitud no podía ser admitida sin su consentimiento. En determinadas circunstancias, el oficial convocante podía disolver la corte marcial, antes o durante el proceso; además, dado que, por lo general, cumplía igualmente la función de oficial confirmante (confirming officer), las conclusiones de una corte marcial sólo podrían tener efecto una vez ratificadas por él.        2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL    Las demandas fueron presentadas ante la Comisión Europea de Derechos Humanos entre junio de 1994 y septiembre de 1996. Después de haberlas admitido, la Comisión publicó, el 4 de marzo de 1998, treinta y cinco informes en los que formulaba, por unanimidad, su opinión de que, en cada una de las causas, había existido violación del artículo 6, párrafo 1, del Convenio, por el hecho de que el solicitante no se había beneficiado de un proceso equitativo ante un tribunal independiente e imparcial. El Gobierno británico sometió al Tribunal estas causas el 14 de agosto de 1998.    De acuerdo con las disposiciones transitorias del Protocolo número 11 del Convenio, el caso fue enviado a la Gran Sala del nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la fecha en que entró en vigor el Protocolo, es decir, el 1 de noviembre de 1998 .        3. RESUMEN DE LA SENTENCIA    I. Quejas    Los solicitantes reclaman, de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos , que las cortes marciales que les juzgaron no eran tribunales independientes e imparciales.    II. Decisión del Tribunal    El Tribunal recuerda que, en una sentencia anterior (Findlay contra Reino Unido, del 25 de febrero de 1997), consideró que una corte marcial convocada de acuerdo con la Ley de 1955 sobre el Ejército de Tierra no respondía a las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas por el artículo 6, párrafo 1, del Convenio, teniendo en cuenta particularmente el papel crucial que desempeñaba en la acusación el oficial convocante, el cual se encontraba estrechamente relacionado con las autoridades acusadoras, era el superior jerárquico de los miembros de la corte marcial y podía, si bien en circunstancias precisas, disolver dicha corte y negarse a ratificar su decisión. El Tribunal no ve razón alguna para distinguir los treinta y cinco casos que nos ocupan en el presente caso de este precedente y concluye, en consecuencia, que se ha producido una violación del artículo 6, párrafo 1.    El Tribunal concede a los solicitantes una suma razonable en concepto de gastos y costas. Un juez expresó un voto disidente sobre la cuestión de la concesión a los solicitantes de una indemnización a título de daño moral. El texto de su voto particular, disidente en parte, se encuentra unido a la sentencia.