25701/94

Sentencia 25701/94   CASO EX REY DE GRECIA Y OTROS CONTRA GRECIA    Artículo 41 (Satisfacción equitativa) Sentencia de 28 de noviembre de 2002    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pro- nunciado, en el día de hoy, en audiencia pública, su sen- tencia sobre el caso ex rey de Grecia y otros contra Grecia sobre la satisfacción equitativa en aplicación del artículo 41 del Convenio Europeo de Derechos Humanos .    El Tribunal declara, por unanimidad, conceder por daños materiales:    12.000.000 de euros (EUR) al antiguo rey Constan- tino de Grecia;    900.000 EUR a la princesa Irene, y    300.000 EUR a la princesa Catalina.    Asimismo concede a los tres demandantes conjunta- mente 500.000 EUR por gastos y costas.    En su sentencia sobre el fondo del caso (23 de noviem- bre de 2000), el Tribunal declaró que los demandantes eran propietarios de los bienes en cuestión -a saber: las fincas de Tatoi, Polydendri y Mon Repos - en calidad de particulares más que de miembros de la familia real. La expropiación de estos bienes habría sido, no obs- tante, legítima si el Estado griego hubiera pagado una indemnización. El Tribunal declaró, por quince votos contra dos, que se infringió el artículo 1 del Protocolo número 1 (protección de los bienes) del Convenio Euro - peo de Derechos Humanos y, por unanimidad, que no es obligatorio examinar la queja de los demandantes basa- da en el artículo 14 del Convenio (prohibición de la dis- criminación) en relación con el artículo 20 del Proto- colo número 1.        1. HECHOS    Los demandantes son el antiguo rey de Grecia, su her- mana, la princesa Irene, y su tía, la princesa Catalina. El primer demandante tiene su domicilio en Londres, la segunda demandante vive en Madrid y la tercera deman- dante reside en Buckinghamshire (Reino Unido).    El caso concierne al régimen patrimonial de los bienes reales griegos. Las quejas de los demandantes tienen su origen en la Ley número 2215/1994, promulgada por el Estado griego el 16 de abril de 1994 y que entró en vigor el 11 de mayo de 1994. En virtud del artículo 2 de esta ley, el Estado griego se convierte en propietario de los bie- nes muebles e inmuebles de los demandantes. Esta ley no prevé ninguna indemnización. El 25 de junio de 1997, el Tribunal Supremo especial reconoció la Ley número 2215/1994, haciendo, de este modo, inoperante cualquier nueva tentativa de los demandantes para obtener la pro- tección judicial de sus derechos de propiedad.    Los demandantes denunciaron ante el Tribunal Eu- ropeo de Derechos Humanos una conculcación de su derecho al respeto de sus bienes y de su derecho a no ser objeto de una discriminación a este respecto, tal como los garantizan los artículos 1 de Protocolo número 1 y 14 del Convenio.        2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRI- BUNAL    La demanda se presentó ante la Comisión Europea de Derechos Humanos el 21 de octubre de 1994. Tras haber- la declarado parcialmente admisible, la Comisión emitió un informe el 21 de abril de 1999, en el cual expresa, por unanimidad, la opinión de que se ha infringido el artículo 1 del Protocolo número 1 y de que no es obligatorio exami- nar si se ha infringido el artículo 14 del Convenio en rela- ción con el artículo 1 del Protocoo número 1. El 30 de octu- bre de 1999 se envió el caso al Tribunal; el 6 de diciembre de 1999, el colegio de la Gran Sala decidió que el caso había de someterse al examen de la Gran Sala.    La sentencia fue dictada por la Gran Sala, compuesata por los diecisiete magistrados siguientes: Luzius Wildha- ber (suizo), presidente; Jean-Paul Costa (francés), Luigi Ferrari Bravo (italiano), Gaukur Jörundsson (islandés), Eli- sabeth Palm (sueca), Lucius Caflisch (suizo), Ireneu Cabral Barreto (portugués), Willi Fuhrmann (austríaco), Bos tjan Zupanc ic (esloveno), Nina VajicŽ (croata), John Hedigan (irlandés), Wilhelmina Thomassen (holandesa), Matti Pellonpää (finlandés), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macedonia), Egils Levits (letón), Kristaq Traja (albanés), magistrados; Georgios Koumantos (griego), magistrado ad hoc; así como por Paul Mahoney, secretario.        3. DECISIÓN DEL TRIBUNAL    El Tribunal observa que la indemnización fijada no tie- ne por objeto transmitir la idea de una eliminación total de las consecuencias de la injerencia sometida a juicio. Como es la falta de cualquier indemnización y no la ile- galidad intrínseca de la confiscación lo que originó la infracción constatada, la indemnización no ha de refle- jar necesariamente el valor de los bienes.    El Tribunal considera que se puede imponer, igual- mente, una indemnización inferior a una reparación total, excepto a fortiori, ya que existe una confiscación sobre los bienes con el fin de realizar unos cambios del sistema constitucional de un país tan radicales como es la transición de la monarquía a la república.    En definitiva, el Tribunal considera adecuado que se fije una suma global, en la medida de lo posible, «razo- nablemente en proporción» al valor de los bienes; es decir, una suma que el Tribunal habría encontrado aceptable en virtud del artículo 1 del Protocolo número 1 si el Esta- do griego hubiese indemnizado a los demandantes. Para fijar esta suma, el Tribunal ha tenido en cuenta las rei- vindicaciones de cada demandante, la cuestión de los bienes muebles, las valoraciones aportadas por las par- tes y los distintos métodos posibles de cálculo del daño material, así como el intervalo que ha transcurrido entre la confiscación y la sentencia.