26780/95

Sentencia 26780/95   CASO ESCOUBET CONTRA BÉLGICA    Artículo 6.1 (Derecho a los recursos) Sentencia de 28 de octubre de 1999    Mediante sentencia dictada en Estrasburgo el 28 de octubre de 1999 en el caso arriba mencionado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, por catorce votos contra tres, que el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no es aplicable al procedimiento litigioso y, por unanimidad, que no procede examinar la imputación fundada en el artículo 13.        1. HECHOS    El demandante, Alain Escoubet, ciudadano francés, nació en 1948 y reside en Bruselas (Bélgic a) . El 16 de junio de 1994 a las 18,30 horas, el demandante resultó implicado en un accidente de tráfico. Informado por los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos, el Procurador del Rey de Bruselas ordenó la retirada inmediata del permiso de conducir del demandante. El motivo alegado era un presunto estado de alcoholemia superior a 0,8 g/l (gramos por litro de sangre), la tasa máxima autorizada en Bélgica en el momento de los hechos. El 21 de junio de 1994, el demandante envió una carta certificada al Procurador del Rey solicitando la restitución del permiso de conducir. Mediante carta de 23 de junio de 1994 se le invitó a recuperarlo, cosa que hizo.        2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL    La demanda fue presentada ante la Comisión Europea de los Derechos Humanos el 12 de septiembre de 1994. Tras declarar la demanda admisible, la Comisión adoptó, el 12 de marzo de 1998, un informe en el que se formulaba la opinión de que el artículo 6.1 del Convenio no es aplicable al procedimiento litigioso. La Comisión elevó el caso ante el Tribunal el 3 de noviembre de 1998. De conformidad con las disposiciones transitorias del Protocolo número 11 del Convenio, el caso fue remitido a la Gran Sala del nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la fecha de entrada en vigor del Protocolo, el 1 de noviembre de 1998 .        3. RESUMEN DE LA SENTENCIA    I. Quejas    El demandante denuncia el hecho que la retirada inmediata del permiso de conducir ordenada por el ministerio fiscal no puede, con arreglo al Derecho belga, recurrirse ante un órgano jurisdiccional. El demandante invoca los artículos 6.1 y 13 del Convenio.    II. Decisión del Tribunal    1. Aplicabilidad del artículo 6 del Convenio    El Tribunal debe, en primer lugar, determinar si el artículo 6 del Convenio es aplicable al presente caso. Debe verificar, por tanto, si estaba en juego una «acusación en materia penal» o un derecho «de carácter civil». A fin de determinar la existencia de una «acusación en materia penal», el Tribunal tiene presentes tres criterios: la calificación jurídica de la medida litigiosa en el Derecho nacional, la propia naturaleza de ésta y la naturaleza y el grado de severidad de la «sanción». Con respecto a la calificación en el Derecho interno de la retirada del permiso de conducir, esta medida no encajaba, según el Tribunal de Casación, dentro del ámbito penal, ya que se trata de «medida preventiva que tiene por finalidad excluir de la circulación, durante un tiempo determinado, a los conductores peligrosos». No obstante, la calificación en el Derecho interno no es determinante a los efectos del Convenio, habida cuenta del 1698 significado autónomo y sustancial que procede atribuir al término «acusación en materia penal». En cuanto a la naturaleza de la medida, conviene señalar que el artículo 55 de las Leyes refundidas de 16 de marzo de 1968 no presupone ningún examen ni apreciación de culpabilidad y que su aplicación es totalmente independiente de cualquier proceso penal que pueda incoarse con posterioridad. La retirada inmediata del permiso de conducir constituye una medida preventiva, cuyo carácter de urgencia justifica su aplicación inmediata, en la que no se aprecia ninguna finalidad punitiva. La retirada del permiso de conducir se distingue de la anulación del permiso de conducir, medida ésta que es ordenada por los tribunales penales en el marco y como resultado de un proceso penal. Con respecto al grado de severidad, se recuerda que la medida de la retirada inmediata del permiso de conducir tiene un límite temporal, ya que no puede exceder de quince días, salvo en circunstancias especiales. El impacto de este tipo de medida no es, por su intensidad y duración, suficiente para considerarla una sanción «penal». En el presente caso, el Tribunal observa que la retirada no causó un perjuicio notable al demandante, puesto que éste pudo recuperar el permiso de conducir seis días después de entregárselo a los agentes de policía y dos días después de haber solicitado su restitución. Habida cuenta de cuanto antecede, el Tribunal llega a la conclusión de que el artículo 6 no es aplicable bajo su aspecto penal. De otro lado, el demandante no ha aportado ningún elemento de prueba que respalde su alegato de que en el presente caso hay en juego un derecho «de carácter civil».    2. Artículo 13 del Convenio    En la parte final del escrito de alegaciones presentado ante el Tribunal, el demandante insta al Tribunal a «declarar que ha habido violación del artículo 6 del Convenio y, en su defecto, violación del artículo 13 del Convenio». El demandante no hizo referencia alguna, ni en el escrito de alegaciones ni en la vista ante el Tribunal, a la imputación fundada en el artículo 13. Dadas las circunstancias y puesto que no parece plantearse ninguna cuestión distinta con respecto a esta disposición, el Tribunal no ve razón alguna para proceder a su examen. Varios jueces expresaron una opinión disidente cuyo texto figura adjunto a la sentencia.