27812/95

Sentencia 27812/95   CASO MALIGE CONTRA FRANCIA    Artículo 6.1 (Derecho de acceso a un tribunal) Sentencia de 23 de septiembre de 1998    Por sentencia dictada en Estrasburgo, el 23 de septiembre de 1998 en el caso Malige contra Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que el artículo 6, párrafo 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos se aplica al procedimiento objeto del litigio que se refiere a la retirada de puntos del permiso de conducir como consecuencia de un exceso de velocidad, y que no ha habido violación de esta disposición en cuanto al derecho de acceso del solicitante a un tribunal.        1. HECHOS    El demandante nació en 1974 y reside en Morangis (departamento del Essonne).    El 28 de junio de 1993, cuando circulaba en motocicleta por una carretera nacional, a la altura del municipio de Millemont (Yvelines), fue controlado por los agentes de tráfico, quienes comprobaron que rodaba a la velocidad de 172 km/h, mientras que la velocidad máxima autorizada era, en dicho lugar, de 110 km/h. Se negó a pagar la multa que le fue impuesta y, como consecuencia de una solicitud voluntaria de comparecencia, fue citado ante el Tribunal de la policía de Versalles. Planteó particularmente la excepción de ilegalidad de los decretos de los días 25 de junio y 23 de noviembre de 1992, dictados en desarrollo de la Ley del 10 de julio de 1989, que establecía el permiso de conducir por puntos (según los términos del conjunto de estas disposiciones, el permiso de conducir lleva doce puntos; este número de puntos se reduce de pleno derecho cuando el titular del permiso comete ciertas infracciones del código de circulación). Por sentencia del 26 de noviembre de 1993, fue reconocido culpable de la contravención de exceso de velocidad de al menos 30 km/h sobre la velocidad máxima autorizada, y condenado a 1.500 francos de multa y quince días de suspensión del permiso de conducir. En su sentencia, el Tribunal se declara incompetente para apreciar la legalidad de los decretos objeto del litigio.    El solicitante recurrió al Tribunal de apelación de Versalles. Alegó particularmente que la Ley del 10 de julio de 1989 no era compatible con el artículo 6, párrafo 1 , del Convenio, por el hecho de que excluía la posibilidad de impugnar ante un juez la retirada de puntos del permiso. Por sentencia del 24 de junio de 1994, el Tribunal de apelación confirmó la sentencia del Tribunal de policía.    Acudiendo el solicitante al Tribunal de casación, este último rechazó su recurso por sentencia del 11 de enero de 1995. Hasta el día de hoy, no se le han notificado al interesado ninguna retirada de puntos.        2. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS    Recibida la demanda el 28 de noviembre de 1994, la Comisión la admitió el 25 de noviembre de 1996.    Después de haber intentado en vano un acuerdo amistoso, publicó, el 29 de mayo de 1997, un informe que establecía los hechos y formulaba la opinión de que no se había producido violación del artículo 6, párrafo 1 (dieciocho votos contra diez).    El asunto fue sometido al Tribunal el 9 de julio de 1997.        3. RESUMEN DE LA SENTENCIA    I. Sobre la presunta violación del artículo 6.1 delConvenio    El Tribunal considera que no le corresponde pronunciarse sobre el sistema francés del permiso de puntos como tal, sino más bien investigar si, en las circunstancias del caso que nos ocupa, se ha respetado el derecho del Sr. Malige de tener acceso a un Tribunal, a tenor del artículo 6, párrafo 1, del Convenio.    1. Aplicabilidad del artículo 6.1    En un primer tiempo, el Tribunal debe investigar si la sanción de la retirada de puntos del permiso de conducir corresponde a materia penal a tenor del artículo 6, párrafo 1.    A fin de determinar la existencia de una «acusación en materia penal», el Tribunal tiene en cuenta tres criterios: la calificación jurídica de la infracción objeto del litigio en el Derecho nacional, la misma naturaleza de dicha infracción, y la naturaleza y el grado de gravedad de la sanción.    En el presente caso, no se niega que la infracción origen de la retirada de puntos, a saber, exceso de velocidad, presentaba un carácter penal.    Tratándose de la calificación en Derecho interno de la retirada de puntos, el Tribunal señala que el examen de los textos legales pertinentes y de la jurisprudencia del Tribunal de casación y del Consejo de Estado permite apreciar claramente que la medida en cuestión, tomada aisladamente, se considera una sanción administrativa que no corresponde al campo de lo penal.    En lo que se refiere a la naturaleza de la sanción, el Tribunal observa que la retirada de puntos tiene lugar en el marco y al término de una acusación en materia penal, y que es de pleno derecho el resultado de la condena dictada por el juez penal.    En cuanto al grado de gravedad, el Tribunal apunta que la retirada de puntos puede provocar a un cierto plazo la pérdida de la validez del permiso de conducir. Ahora bien, es indudable que el derecho de conducir un vehículo de motor resulta de gran utilidad para la ayuda ordinaria para el ejercicio de una actividad profesional. El Tribunal deduce de ello que si la medida de retirada del permiso presenta un carácter preventivo, también reviste un carácter punitivo y disuasorio, por lo que se asemeja, pues, a una pena accesoria.    El Tribunal concluye, pues, la aplicabilidad del artículo 6.1.    2. Observación del artículo 6.1    a) Sobre la excepción preliminar del gobierno    El Tribunal considera que la cuestión de si el interesado disponía de un recurso para impugnar la legalidad de la retirada de puntos se confunde en esencia con la de la reclamación planteada por este último ante el mismo.    b) Sobre lo bien fundado de la reclamación    El Tribunal señala que la sanción de retirada de puntos tiene lugar una vez demostrada la realidad de una de las infracciones enumeradas en el artículo L. 11-1 del Código de circulación, a través de una condena convertida en definitiva, o bien del pago de la multa correspondiente por el infractor, lo que implica el reconocimiento de la infracción y la aceptación tácita de la retirada de puntos.    Observa que el solicitante no ha quedado libre del pago de la multa correspondiente, y que la pérdida parcial de puntos estaba, pues, subordinada a la demostración de su culpabilidad por la jurisdicción penal. Ahora bien, ante el Tribunal de policía y el Tribunal de apelación de Versalles, jurisdicciones penales que cumplen las exigencias del artículo 6, párrafo 1, el interesado pudo impugnar la realidad a la infracción penal que consistía en el exceso de velocidad, y someter a los jueces encargados de la represión todos los medios de hecho y de derecho que consideraba convenientes para su causa, sabiendo que su condena provocaría, además, la retirada de un cierto número de puntos.    En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, el Tribunal señala que la misma ley ha previsto, en cierta medida, la modulación de la retirada de puntos en función de la gravedad de la contravención cometida por el acusado. En el presente caso, suponía la retirada de cuatro puntos de los doce que incluye el permiso de conducir, y no podría calificarse pues, de desproporcionada con relación al comportamiento que pretende sancionar. Por una parte, no tiene como consecuencia inmediata la anulación del permiso de conducir. Por otra, el interesado puede recuperar su capital de puntos, bien sea no cometiendo durante el plazo de tres años una nueva infracción sancionada con una retirada de puntos, o bien siguiendo una formación específica (artículo. L. 11-6 del Código de circulación); conserva, pues, un cierto margen para su comportamiento.    El Tribunal considera, pues, que un control suficiente en relación con el artículo 6, párrafo 1, del Convenio se encuentra incorporado en la decisión penal de condena dictada contra el Sr. Malige, sin que sea necesario disponer de un control separado y suplementario de plena jurisdicción, que se refiera a la retirada de puntos.    El Tribunal concluye al respecto que el interesado se ha beneficiado en el orden interno de un control jurisdiccional suficiente en relación con la medida objeto del litigio, basándose en el artículo 6, párrafo 1.    En consecuencia, no se ha producido violación de esta disposición.