34720/97

Sentencia 34720/97   CASOS HEANEY Y McGUINNESS, Y QUINN CONTRA IRLANDA    Artículo 6.1 (Derecho a un proceso equitativo) y 6.2 (Presunción de inocencia) Sentencias de 21 de diciembre de 2000    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó hoy por escrito sendas sentencias en las causas Heaney y McGuinness contra Irlanda y Quinn contra Irlanda. En ambas causas declara por unanimidad:    que existió violación del artículo 6, párrafo 1 (derecho a un proceso equitativo ), y artículo 6, párrafo 2 (presunción de inocencia), del Convenio Europeo de Derechos Humanos ;    que no se plantea ninguna cuestión distinta en el terreno de los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada) o 10 (derecho a la libertad de expresión) del Convenio.    A título del artículo 41 (satisfacción equitativa) del Convenio, el Tribunal concede a cada uno de los tres solicitantes 4.000 libras irlandesas (IEP) por perjuicio moral y para costas y gastos, un total de 9.377,50 IEP a los dos solicitantes del caso Heaney y McGuinness contra Irlanda y 11.341,08 IEP para el solicitante del caso Quinn contra Irlanda (reducido, en cada causa, por los 5.000 francos franceses entregados a través de la ayuda judicial gratuita).        1. HECHOS    Los demandantes, todos ellos ciudadanos irlandeses, son: Anthony Heaney, nacido en 1955 y actualmente detenido en la prisión de Portlaoise, en el condado de Laois; William McGuinness, nacido en 1956 y con residencia en el condado de Derry, y Paul Quinn, nacido en 1973 y con residencia en Limerick.    Los tres solicitantes fueron detenidos porque eran sospechosos de graves delitos terroristas. Después de haber advertido que tenían derecho a guardar silencio, unos agentes de policía les pidieron, en aplicación al artículo 52 de la Ley de 1939 sobre las infracciones contra el Estado («el art. 52»), que les facilitaran detalles sobre sus movimientos en el momento de los delitos en cuestión.    El señor Heaney y el señor McGuinness se negaron a responder a toda pregunta. Fueron acusados de pertenecer a una organización paramilitar ilegal y de no haber dado cuenta de sus desplazamientos. Fueron absueltos del primer delito, pero reconocidos culpables del segundo y condenados a seis meses de prisión.    El señor Quinn desmintió tener relación alguna, sea cual fuere su tipo, con los acontecimientos sobre los que se le interrogó, y se negó a informar de sus movimientos. Fue acusado en virtud del artículo 52 de no haber dado cuenta de su desplazamiento y condenado a seis meses de prisión.    En el caso Heaney y McGuinness contra Irlanda, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de inconstitucionalidad del artículo 52, y se suspendió el examen de las apelaciones de los solicitantes contra sus condenas, a la espera del resultado de las peticiones presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.        2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL    Las demandas fueron presentadas ante la Comisión Europea de Derechos Humanos el 17 de enero y el 6 de marzo de 1997, respectivamente; las causas fueron sometidas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 1 de noviembre de 1998 . El 21 de septiembre de 1999, el Tribunal declaró admisible todas las quejas formadas en el caso Heaney y McGuinness contra Irlanda y las formuladas basándose en los artículos 6 y 10 en el caso Quinn contra Irlanda.    Las sentencias fueron dictadas por una sala de siete jueces compuesta del siguiente modo: Georg Ress (alemán), presidente; Antonio Pastor Ridruejo (español), Lucius Caflisch (suizo), Ireneu Cabral Barreto (portugués), Volokymyr Butkevych (ucraniano), Nina VajicŽ (croata),    1878    Matti Pellonpää (finlandés), jueces; así como Vincent Berger, secretario de sala.        3. RESUMEN DE LA SENTENCIA    I. Quejas    Los demandantes alegan que su condena y su prisión en virtud del artículo 52 desconocen los derechos que les garantizan los artículos 6, párrafos 1 y 2, y 10 del Convenio. Los señores Heaney y McGuinness alegaron igualmente un desconocimiento y ataque a su derecho al respeto de su vida privada (art. 8).    II. Decisión del Tribunal    1. Artículo 6.1 y 6.2 del Convenio    a) Aplicabilidad    El Tribunal observa que los solicitantes fueron objeto de una «acusación» a tenor del artículo 6, a pesar de que el señor Quinn no fue acusado de infracción material ni de que los señores Heaney y McGuinness no habían sido acusados formalmente cuando los agentes de policía formularon las preguntas en virtud del artículo 52. El Tribunal recuerda que una persona puede ser considerada «acusada» a efectos del artículo 6, párrafo 1, cuando se han producido «repercusiones importantes» en la situación de los interesados. El Tribunal considera que es esto lo que ha ocurrido ciertamente en el caso de los solicitantes, que fueron, por consiguiente, «acusados» de pertenecer al IRA, sin tener en cuenta la Ley de 1939 y de haber estado implicados de una u otra manera en los delitos contemplados.    Si bien, en general, la absolución o la ausencia de procedimientos sobre el fondo impide a un solicitante considerarse víctima de una violación de las garantías procesales enunciadas en el artículo 6, el Tribunal ha comprobado anteriormente violaciones del artículo 6, párrafo 2, en ausencia de condena. En las causas que aquí nos ocupan, si los solicitantes no pudieron acogerse al artículo 6, párrafos 1 y 2, habría que deducir que la absolución o la ausencia de procedimiento sobre lo bien fundado del caso (en lo que se refiere al señor Quinn) impidió cualquier examen de las quejas de los interesados, según los cuales habrían sido castigados antes de su absolución o de la decisión de cerrar su expediente, por haber defendido lo que consideraban que eran sus derechos en relación con el artículo 6 del Convenio. Esto no estaría de acuerdo con la necesidad de interpretar el Convenio de manera que se garanticen derechos concretos y efectivos, y no teóricos e ilusorios. En consecuencia, se consideran aplicables los párrafos 1 y 2 del artículo 6.    b) Observación    El Tribunal considera que las garantías mencionadas por el Gobierno no podrían reducir eficazmente y de manera suficiente la coerción impuesta por el artículo 52, hasta el punto de no afectar a la esencia de los derechos en litigio, puesto que los interesados tenían que elegir entre facilitar los datos solicitados, o bien exponerse a una pena de prisión.    Además, la posición jurídica en cuanto a la admisibilidad como prueba de las respuestas que habrían sido facilitadas era particularmente insegura en aquella época, y los solicitantes recurrieron en primer lugar a la advertencia habitual. El grado de coacción que hacia pesar la aplicación del artículo 52 representó de hecho un ataque a la misma esencia del derecho a no autoinculparse y del derecho a guardar silencio.    Las preocupaciones de seguridad y de orden público que invoca el Gobierno no pueden justificar una disposición con este efecto, por lo que existió violación del derecho de los solicitantes a guardar silencio y de su derecho a no autoinculparse, garantizado por el artículo 6, párrafo 1. Además, teniendo en cuenta la estrecha relación entre estos derechos y la presunción de inocencia garantizada por el artículo 6, párrafo 2, se produjo igualmente violación de dicha disposición.    Conclusión: violación (por unanimidad).    2. Artículos 8 y 10 del Convenio    El Tribunal considera que, desde el punto de vista de estas disposiciones, no se plantea ninguna cuestión distinta.    Conclusión: ausencia de cuestión distinta (por unanimidad).    3. Artículo 41 del Convenio    El Tribunal concede a cada uno de los tres demandantes 4.000 (IEP) en concepto de perjuicio moral y, para costas y gastos, 9.377,50 IEP en total para los dos solicitantes del caso Heaney y McGuinness contra Irlanda, y 11.341,08 IEP para el señor Quinn (menos, en cada causa, los 5.000 francos franceses abonados a través de la asistencia judicial gratuita).    1879